“POLITICA INFORMATICA EN MEXICO”
En México si existe una política informática ya que la sociedad que nos rodea cada vez se ve más inmiscuida dentro de estos aspectos informáticos.
Desde hace más de dos décadas se reconoció en México la importancia estratégica de las Tecnologías de la Información en el desarrollo nacional, y se iniciaron acciones de distinta índole para estimular su desarrollo y asimilación.
Consecuentemente, a lo largo de este tiempo se han instituido diversos mecanismos y disposiciones, que han evolucionado de acuerdo con el marco de las condiciones generales del país y del propio desarrollo de las tecnologías de la información.
En los años sesenta, por ejemplo, se instrumentaron fundamentalmente políticas de protección para los usuarios incipientes del sector público frente a un mercado oligopólico muy orientado por la oferta.
En los años ochenta las acciones estuvieron orientadas a favorecer el establecimiento de una industria microelectrónica nacional y a mantener, por otra parte, un adecuado control del gasto gubernamental en bienes informáticos.
En términos generales, las acciones adoptadas en relación con la política informática fueron consistentes con la política económica prevaleciente y probaron ser razonablemente exitosas en ese contexto, Sin embargo, el vertiginoso avance de la tecnología y la interdependencia mundial, aunado a importantes cambios en el contexto nacional en los últimos años, han dado un nuevo marco a la política informática.
En lo que respecta al contexto nacional, la preeminencia de la estrategia de modernización nacional plasmada en el Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994, otorga un nuevo papel a la informática, al constituirse en una herramienta de cambio y modernización imprescindible para enfrentar los retos de insertarnos en la economía internacional y promover mayores niveles de bienestar y justicia en el país.
Pero además, de este proceso de modernización se derivan diversas acciones con efectos sustanciales para el sector informático: la globalización de la economía, la apertura de fronteras al mercado de cómputo, la reorientación de la política y el mercado de telecomunicaciones, la privatización de los bancos, la desincorporación de empresas paraestatales y la redefinición del papel rector del Estado. Dentro de este contexto, el gobierno de México decidió reorientar sus acciones hacia una política informática concertada y de fomento.
PROPUESTA DE ERNESTO ZEDILLO PONCE DE LEON DE LA POLÍTICA INFORMÁTICA EN MÉXICO
Se realizó una propuesta en el sexenio de Ernesto Zedillo Ponce de león de una política la cual es:
PROGRAMA DE DESARROLLO INFORMÁTICO
Que incluye treinta y dos programas, esto es, por los 31 estados y el Distrito Federal a nivel nacional. Los elementos para la conformación del Programa, mediante el INEGI y otros sectores gubernamentales al través de grupos de trabajo encargados de realizar las propuestas básicas y las acciones a emprender son:
· Recursos Humanos
· Investigación y Desarrollo
· Mercado
· Informática en el sector privado
· Estrategias tecnológicas para el sector gubernamental
· Telecomunicaciones
· Leyes normativas e institucionales
Paralelamente, en el 2005, el Foro Consultivo Científico y Tecnológico, realizó también un seminario de discusión sobre las políticas de ciencia, tecnología e innovación cuya participación fue enriquecida entre sectores académico, gubernamental y privado con el objeto de organizar una política científica, tecnológica e innovadora cuyos diferentes sectores puedan participar activamente entre ellos, promoviendo el desarrollo económico y generando un bienestar social tanto a nivel nacional como particular.
Hoy en día, las brechas que aún existen en el país son: una reducida comunidad científica y tecnológica capacitada así como escasos proyectos para resolver problemas de cualquier índole a falta de recursos económicos, baja cultura de innovación debido a que ambos sectores (público y privado), invierten más en equipos que en personal así como la evidente carencia de recursos para factores-riesgo.
Por lo que, las principales propuestas para el mejoramiento de estos rubros, son:
v Aunque se tenga una cierta adopción, tener una visión clara a corto, mediano y largo plazo en el uso de las TI satisfactoria es lejana.
v Implementar y adecuar nuevas y existentes normas jurídicas así como sus políticas públicas.
v Llegar a un acuerdo, con respecto a las políticas públicas, entre la iniciativa privada y el sector público.
v Capacitar y entrenar a la población involucrada en las TI, obviamente, previo a contar con un recurso humano preparado.
v Evolucionar e innovar políticas así como la promoción de las tecnologías que, aun así, no ha sido del todo suficiente en México.
v Debido a la existencia de una nula comunicación informática entre los distintos sectores de la sociedad, hace falta una concienciación, difusión y divulgación de la importancia de las TI pues, hoy en día, es necesario evitar un colapso y un retraso tecnológico a nivel mundial.
v Estructurar, sobre todo en el sector gubernamental, los incentivos hacia la ciencia y la tecnología de manera segura y más, cuando se trata de cambios sexenales de gobierno.
Todas estas propuestas, tienen por objetivo cubrir los criterios de calidad, excelencia y renovación no solamente de equipos informáticos sino también de concienciar, difundir y divulgar el uso de las tecnologías de información a la población en general. Un ejemplo claro de ello es, la firma de hace casi un mes entre la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y Microsoft en cuanto a inversión y docencia en TI para la comunidad educativa de la casa de estudios pero, si se observa, es de un sólo sector el académico.
Por lo que, habrá que seguir luchando para despejar las indiferencias existentes de las partes involucradas y por otro lado, erradicar por completo la ignorancia sobre la utilización de las TI, aumentar la información necesaria en cuanto al tema y evitar el desinterés por llevar a cabo una política informática de parte de los directivos en cada una de las áreas participantes en este laberinto combinado con informática y tecnologías de información.
POLÍTICAS TECNOLÓGICA Y SOCIAL
El gobierno incorporó, tradicionalmente, las tecnologías de la información como apoyo a los procesos de gestión y ejercicio presupuestal. Sin embargo, su evolución hizo que la informática acercara al ciudadano y al servidor público a partir de servicios de atención ciudadana que antes se hacían en ventanilla, se gestaban en escritorios y eran producto de trámites internos no necesariamente transparentes, documentados y claros, o que estuvieran predeterminados en tiempos y recursos.
Este cambio en el papel de la informática en el gobierno exige una política pública que regule y oriente el esfuerzo de transformación tecnológica de los gobiernos, incluyendo tanto al ciudadano como al servidor público en las cadenas de valor. El papel de la tecnología es, asimismo, fundamental en el proceso de la transformación organizacional en la administración pública, siendo un pilar de los esfuerzos para poner el gobierno de México al día.
Una política pública es la suma de disposiciones y estrategias para inducir el desarrollo de eventos que de otra manera no ocurrirían o no lo harían en la forma que sería deseable. En el caso de las tecnologías de la información, le corresponde al INEGI promover el desarrollo de la política nacional en coordinación con las instituciones de la administración pública federal (APF), con los estados, los municipios, los poderes legislativo y judicial y los sectores privado y social.
En la nueva sociedad del conocimiento, la política de las tecnologías de la información (TI) debe ser entendida como una estrategia paralela al rediseño de los macroprocesos clave de las instituciones públicas, a fin de lograr la innovación en el gobierno. En este sentido, cabe mencionar el Modelo Estratégico para la Innovación Gubernamental, elaborado por la Oficina de la Presidencia para la Innovación Gubernamental, el cual es, en esencia, un modelo de cambio de paradigmas hacia el interior de la administración pública federal, que tiene como objetivo central recuperar la confianza de los ciudadanos en el gobierno y transformarlo en una institución competitiva que contribuya a lograr los resultados planeados en materia de crecimiento económico, desarrollo humano y social, orden y respeto, así como en materia de buen gobierno.
CAMBIO CULTURAL Y ESTRUCTURAL
La innovación del gobierno es, entonces, un movimiento cultural y estructural que busca reformar radicalmente la orientación, la capacidad y la velocidad de respuesta estratégica de la administración pública federal, revisualizándolo desde múltiples perspectivas.
En esta visión, la incorporación de TI juega un papel preponderante en el esfuerzo de reinvención del gobierno mexicano, por lo que es necesario desarrollar redes de información y colaboración, utilizar la tecnología en las rutinas personales, construir capacidades para el aprendizaje organizacional, perseguir economías de escala en la infraestructura y reorganizar el trabajo a través de la formación de comunidades y equipos de trabajo horizontales.
Una política informática en la innovación gubernamental implica la participación de las estructuras tradicionales de control de los recursos informáticos para facilitar su evolución a una plataforma nueva que genere valor a los servicios gubernamentales.
La política informática debe incorporar las mejores prácticas, nacionales o internacionales, que le permitan incrementar la cultura gubernamental y, sobre todo, la capacidad de implantar un modelo de gestión que sea congruente con los esfuerzos de transformación de la gestión pública, en beneficio de la eficiencia y eficacia en la oferta de los diversos servicios ciudadanos.
La política de TI debe contemplar mecanismos para encontrar más y mejores financiamientos, apoyándose en el desarrollo de indicadores de desempeño que midan el impacto de los proyectos, con el fin de generar confianza y certidumbre en el gobierno. Debemos asegurar que las TI ayuden, efectivamente, a la reducción de los costos de nuestro gobierno y a mejorar la efectividad y eficiencia en el uso de nuestros recursos.
SEGURIDAD Y PRIVACIDAD
Toda iniciativa de TI debe ofrecer seguridad y privacidad a la información que brindan los usuarios. Por ello, la política de tecnologías de la información debe establecer reglas, estándares y procedimientos para colectar, analizar, resguardar, compartir, usar, reutilizar y combinar volúmenes enormes de información.
Al estar este proceso en transición, se requiere de expertos que faciliten la integración de estas tendencias, así como la creación de los mecanismos de incorporación de la voz ciudadana en los procesos, de manera que estos esfuerzos permitan valorar la satisfacción de los usuarios para mantener una dinámica de mejora continua.
Es importante tener en consideración las políticas de innovación y transformación de la sociedad, como el Sistema Nacional e-México, ya que esto permitirá alinear los esfuerzos de transformación de los servicios ciudadanos, como la educación, la salud y la economía. La mayoría de los países con experiencias exitosas en administración de las TI han sumado a los esfuerzos gubernamentales los de los sectores privado y académico, en alianzas estratégicas que les han permitido compartir costos y riesgos en la ejecución de macroproyectos de modernización tecnológica gubernamental. La política de TI debe promover alianzas entre diferentes sectores para la puesta en marcha de proyectos en las instituciones públicas.
Existen varios aspectos de extrema importancia y que ejemplifican algunos de los conceptos que requieren acciones, en materia de política informática, para crear un gobierno innovador y de mejora continua. El establecimiento y uso de esquemas de seguridad e Infraestructura de Llave Pública (PKI); el fortalecimiento de los registros administrativos públicos; un esquema de interoperabilidad entre las agencias gubernamentales; la homogeneización del marco cartográfico nacional, y un marco jurídico adecuado, ofrecen áreas de oportunidad enormes que deben estar contenidas en la política informática para facilitar un desarrollo ordenado que permita optimizar el uso de los recursos tecnológicos y de información en nuestro país.
Estos aspectos requieren atención de manera prioritaria, pero quizá otros tendrán que agregarse a esta lista ya que el desarrollo tecnológico vertiginoso nos obliga a adecuarnos al cambio de manera permanente para aprovechar el potencial que nos ofrece y así facilitar la innovación del gobierno.
En particular, la PKI es indispensable para transitar del mundo del papel al mundo electrónico, y puesto que deseamos que sea de uso sencillo y universal, debe obedecer a un diseño conceptual, técnico y jurídico que sea aplicable en todo el país. La política informática debe promover acciones para lograr establecer un marco jurídico homogéneo a nivel nacional. Se debe resolver y definir si el registro de llaves públicas tiene las características de un registro público y, en consecuencia, decidir quién es el responsable del registro y cómo se salvaguarda; establecer normas para los algoritmos de encriptado y de digestión para los certificados, entre otros.
SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN
Respecto al fortalecimiento de los registros administrativos públicos, el uso de sistemas de bases de datos permitió en todo el mundo sistematizar los procedimientos administrativos que eran manuales y que creaban las montañas de papel como un signo característico de la burocracia. Los países desarrollados cuentan con una inmensa riqueza de información debido a esta sistematización. Desafortunadamente, en México no supimos usar esta herramienta. Los resultados están a la vista: no tenemos un registro de automóviles, no tenemos un buen registro civil (en el ámbito nacional), los registros públicos de la propiedad y el comercio son deficientes, no existe un buen catastro y el primer Sistema del Ahorro para el Retiro se colapsó porque no se pudo mantener una buena base de datos. La lección que se deriva de estos fracasos es que la tecnología es la parte más sencilla del proyecto, lo difícil es mantener depurada la información.
Una base de datos, que es fundamental para el buen gobierno, es la del RENAPO, pues la CURP debe ser la clave única de acceso a todos los trámites con el gobierno.
Poner en orden los registros públicos no es tarea fácil, por lo que establecer reglas de homologación de datos debe ser parte de la política informática nacional porque facilitará la comunicación electrónica de los sistemas de diferentes instituciones y la consolidación de información con fines estadísticos a costos muy marginales.
Uno de los temas obligados de los esquemas de e-gobierno en todo el mundo es la interoperabilidad de las entidades gubernamentales. Este es un punto crucial, y para que suceda se debe establecer una estrategia que forme parte de la política informática, pues se requiere de la coordinación de todas las instituciones del gobierno federal en una primera etapa y, posteriormente, de concertación con las de otros niveles de gobierno. Para llevar a cabo con éxito la interoperabilidad hace falta la adecuación de los registros públicos, y para la comunicación electrónica entre instituciones con reconocimiento oficial es necesaria la firma electrónica.
La tecnología nos permitió crear bases de datos geográficos de gran calidad. En México, alrededor de treinta instituciones del gobierno federal, y casi todas las entidades federativas, han empezado a usar esa tecnología. Actualmente, hay gran diversidad de tecnologías y marcos de referencia, por lo cual se hace necesario unificar criterios, establecer normas y crear una base de datos uniforme.
MARCO JURÍDICO
Por último, es indispensable tener un marco jurídico adecuado, porque de otra manera las leyes vigentes pueden convertirse en obstáculos insalvables ya que no contribuyen a crear un ambiente de confianza en el uso de este nuevo modo de operar de las organizaciones. La política informática debe integrar los esfuerzos de los diferentes sectores del país para alcanzar este objetivo, permitiendo, en consecuencia, la potenciación de prácticas gubernamentales innovadoras.
¿Qué puede hacer una política ambiciosa de TI por el desarrollo? Esta es una pregunta de gran interés para México, donde seis millones de personas son analfabetas, cinco millones no cuentan con electricidad, seis millones hablan una lengua indígena y 1.5 millones no tienen acceso a servicios de salud. Sin duda, en la era del conocimiento la exclusión digital y social son equivalentes. El reto para países como el nuestro es el de alinear la estrategia de TI con la política social nacional.
El nuevo desafío de las TI se encuentra en saber aprovechar la internet para eliminar las barreras que impidan la participación ciudadana y, con ello, envolver en la vida pública a muchos grupos históricamente marginados. Aunque el reto mayor de la internet, en este sentido, es el de facilitar oportunidades para la democracia directa (e-democracia), como el voto electrónico en elecciones, podemos empezar con la transparencia y rendición de cuentas del gobierno, así como la formación de comunidades en red que puedan intervenir en los procesos de toma de decisiones públicas.
FUENTES Y BIBLIOGRAFIAS
Punto de vista del Oficial Mayor del Gobierno de Colima, Victórico Rodríguez, como miembro destacado del Comité de Informática de la Administración Pública Estatal y Municipal (CIAPEM).
La visión del sector privado está representada por María Teresa Carrillo, presidenta de la regional centro sur de la Cámara Nacional de la Industria Electrónica de Telecomunicaciones e Informática (CANIET
Gilberto Calvillo Vives es presidente del Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI). gilbertocalvillo@inegi.gob.mx
Julio César Margain y Compeán es coordinador general del Sistema Nacional e-México, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). jmargain@sct.gob.mx
Abraham Sotelo Nava es asesor del jefe de la Oficina de la Presidencia para la Innovación Gubernamental y coordinador del Subsistema e-Gobierno. asotelo@presidencia.gob.mx
